Después de más de doce horas de diligencia, el Tribunal dio por terminada la fase de juzgamiento e inició el análisis de toda la prueba presentada durante el proceso.
El presidente del Tribunal, Jorge Sánchez Pico, informó que la deliberación se realizará junto con los jueces Clara Soria y Víctor Barahona. Una vez concluida esa etapa, se convocará a una nueva audiencia para anunciar la decisión de manera oral.
Con ello, el proceso judicial entra en su recta final.
Fiscalía insistió en una sentencia condenatoria
En los alegatos finales, la Fiscalía General del Estado ratificó su acusación por el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos en gran escala.
El organismo pidió que los procesados sean declarados culpables y solicitó la pena máxima contemplada para ese delito: seis años y nueve meses de prisión para las personas naturales.
Además, requirió que se impongan multas, la clausura definitiva de seis compañías involucradas y una reparación integral de 61,5 millones de dólares, monto que, según la institución, correspondería al perjuicio ocasionado al Estado.
Petroecuador y la ARCH respaldaron la acusación
Durante la audiencia también intervinieron Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que participan como acusadores particulares.
Ambas entidades respaldaron la tesis presentada por la Fiscalía y solicitaron que, en caso de una sentencia condenatoria, también se ordene el decomiso de los bienes utilizados en la presunta actividad ilícita y la clausura de las empresas procesadas.
Las defensas expusieron sus argumentos
La jornada concluyó con la presentación de los alegatos de las defensas de las personas naturales y jurídicas vinculadas al proceso.
En uno de los pedidos, la defensa de José Ricardo Cevallos solicitó que se aplique la reducción de la pena planteada por la Fiscalía debido a su colaboración durante la investigación.
Mientras tanto, las defensas de Lady Cedeño y Jessenia Vélez sostuvieron que ambas únicamente cumplían funciones laborales dentro de las compañías y solicitaron que se retiren los cargos en su contra.
Defensa de Aquiles Alvarez rechazó la acusación
La última intervención estuvo a cargo del abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil.
Durante su exposición cuestionó que la acusación se sustente en el hecho de que Aquiles Alvarez haya ejercido como representante legal de varias empresas.
“Desde cuándo ser representante legal de una compañía constituye una forma de ser parte de una actividad criminal. Nadie puede ser condenado por su cargo”, manifestó el abogado ante el Tribunal.
Tras esa intervención, la Fiscalía no presentó réplica y los jueces dieron por cerrada la audiencia.
¿Qué investiga el caso Triple A?
La causa analiza un presunto esquema de comercialización ilegal de combustibles subsidiados que, de acuerdo con la investigación fiscal, habría operado entre 2020 y 2024.
Durante más de cuatro meses de juicio se presentaron testimonios, pericias técnicas y prueba documental para sustentar las posiciones de la acusación y las defensas.
Con la deliberación en marcha, el Tribunal deberá valorar todos esos elementos antes de emitir la sentencia que definirá la responsabilidad o inocencia de los 22 procesados, entre ellos Aquiles Alvarez.