La investigación por el asesinato de Santiago David Ávalos Páez, director Administrativo Financiero de una Universidad , dio un nuevo giro judicial. Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía expuso una teoría que apunta a que el crimen habría sido planificado desde el interior de la institución y que tendría como antecedente las auditorías que la víctima realizaba dentro de la universidad.
Con base en los elementos de convicción presentados, la Fiscalía formuló cargos por el delito de asesinato contra cinco personas, entre ellas Galo O., entonces director de Operaciones de la Universidad, a quien atribuye una presunta participación como autor mediato. También fueron procesados María S. y Josselyn V., señaladas como presuntas coautoras, mientras que Juan G. y Juan G. enfrentan cargos como presuntos cómplices.
La hipótesis de Fiscalía
Durante la diligencia, la fiscal del caso sostuvo que la investigación permitió reconstruir una serie de hechos ocurridos antes del asesinato del funcionario universitario, perpetrado el 11 de junio de 2026.
Según la exposición fiscal, un adolescente de 17 años habría sido quien disparó contra Ávalos Páez. La investigación sostiene que el menor llegó al sector acompañado por Josselyn V. en un vehículo solicitado mediante una plataforma y que, posteriormente, una motocicleta siguió el recorrido del vehículo de la víctima antes del ataque.
La Fiscalía señaló además que registros de cámaras de seguridad de la universidad, imágenes captadas por inmuebles cercanos, informes de inspección técnica, pericias telefónicas y la información entregada por la plataforma de transporte forman parte de los elementos recopilados dentro de la investigación.
Las auditorías como posible móvil
Uno de los aspectos centrales expuestos durante la audiencia fue el presunto conflicto existente entre la víctima y algunos funcionarios de la universidad.
De acuerdo con la Fiscalía, varios de los procesados manifestaron que Galo O. mantenía diferencias con Santiago Ávalos debido a auditorías internas que este realizaba sobre procesos administrativos y órdenes de compra dentro de la Dirección de Operaciones.
Incluso, la teoría del caso sostiene que un día antes del crimen Galo O. y María S. habrían fotografiado el vehículo de la víctima y que, el mismo día del asesinato, María S. habría tomado fotografías de Ávalos mientras se desplazaba dentro de las instalaciones de la universidad, imágenes que presuntamente fueron enviadas desde su teléfono celular.
Seguimientos y fotografías
Fiscalía también expuso que dos de los ahora procesados habrían declarado que recibieron instrucciones para tomar fotografías tanto del funcionario como de su vehículo e informar sobre sus movimientos.
Según la teoría presentada en audiencia, Juan Pablo G. indicó que tomó fotografías por pedido de Galo O. y María S., mientras que Juan Carlos G. habría manifestado que en varias ocasiones se le solicitó fotografiar a la víctima y verificar si su vehículo permanecía estacionado en la universidad. Ambos también habrían señalado que conocían las auditorías internas que realizaba Ávalos Páez y el malestar que estas habrían generado.
Además, la Fiscalía afirmó que los análisis telefónicos evidencian comunicaciones entre varios de los procesados, entre ellos Galo O., María S. y Josselyn V., como parte de los elementos de convicción presentados durante la audiencia.
La decisión del juez
Tras escuchar a las partes, el juez de la causa legalizó las detenciones, acogió la formulación de cargos presentada por la Fiscalía e inició una instrucción fiscal de 90 días por el presunto delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numerales 2 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Asimismo, dispuso prisión preventiva para Galo O., María S. y Josselyn V. En el caso de Juan G. y Juan G., ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente, además de su inmediata libertad al no existir otra orden de detención vigente.
La defensa de los procesados rechazó los señalamientos de la Fiscalía y sostuvo durante la audiencia que no existen pruebas suficientes que vinculen a sus representados con la planificación del crimen, cuestionando la interpretación de los elementos presentados y solicitando medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.