Un militar en servicio activo fue procesado por el presunto delito de ingreso de artículos prohibidos a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, luego de que personal de seguridad encontrara cuatro teléfonos celulares ocultos en una mochila de uso militar.
Según informó la Fiscalía General del Estado, el uniformado, identificado como Rey René G. V., fue aprehendido cuando presuntamente intentaba ingresar los dispositivos al Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1.
Celulares estaban ocultos entre alimentos
De acuerdo con el parte de aprehensión, elaborado por militares y agentes de la Policía Nacional que resguardan los accesos al centro penitenciario, los cuatro teléfonos celulares fueron hallados dentro de una funda plástica junto con varios alimentos, en el interior de una mochila de uso militar.
La Fiscalía indicó que el procesado pertenecería a la Fuerza Naval y que fue interceptado por personal militar encargado de la seguridad externa del recinto, luego de que detectaran una actitud sospechosa cuando intentó ingresar con la mochila.
Tras el hallazgo, el uniformado fue aprehendido y puesto a órdenes de la autoridad competente.
Juez negó la prisión preventiva
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó como elementos de convicción el parte informativo, el parte de aprehensión, las versiones de los agentes que participaron en el procedimiento y las evidencias ingresadas en cadena de custodia.
Aunque la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, el juez de Garantías Penales no acogió ese pedido y dispuso medidas cautelares para el procesado, consistentes en la prohibición de salida del país y la presentación semanal ante el fiscal de la causa.
Investigación continuará por 30 días
La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, periodo en el que se practicarán las diligencias investigativas para esclarecer los hechos.
La Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad con penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión, dependiendo de las circunstancias determinadas durante el proceso judicial.