El asesinato de dos hermanos ocurrido en septiembre de 2025 en la provincia de Santa Elena terminó con una sentencia de 40 años de prisión para tres personas. La Fiscalía General del Estado informó que el Tribunal de Garantías Penales declaró, por unanimidad, la responsabilidad de los procesados.
El hecho se registró el 4 de septiembre de 2025, en la vía perimetral del cantón Santa Elena, después de que dos hermanos se trasladaran hasta Anconcito para visitar a la expareja de uno de ellos.
De acuerdo con la investigación, ambos fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y posteriormente fueron trasladados contra su voluntad.
Los hermanos fueron encontrados muertos dentro de un vehículo
Según las investigaciones, los agresores obligaron a los hermanos a subir a un vehículo y posteriormente se los llevaron del lugar.
Horas más tarde, las víctimas fueron localizadas sin vida en el interior de un automóvil. Los cuerpos presentaban heridas de bala en la cabeza y el pecho.
Tras el hallazgo, agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased), junto con la Fiscalía, iniciaron las diligencias para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.
Una de las primeras acciones investigativas se realizó en el domicilio de la expareja de una de las víctimas. La mujer no estaba en el inmueble, pero los agentes encontraron allí a dos adolescentes, quienes entregaron información relacionada con el crimen.
La investigación permitió localizar a tres sospechosos
Con los datos recopilados durante las primeras diligencias, la Policía localizó a Carolina M. V. y otra persona cuando se movilizaban hacia Guayaquil en un vehículo reportado como robado.
Ambos fueron aprehendidos y durante el procedimiento se encontraron elementos que fueron incorporados a la investigación. Además, la información obtenida permitió establecer la posible ubicación de otro involucrado.
Los investigadores llegaron posteriormente hasta un domicilio ubicado en el barrio Las Lomas, en Anconcito, donde fue localizado y aprehendido un tercer sospechoso.
A partir de la información proporcionada durante la investigación, los agentes llegaron hasta otro inmueble. Allí encontraron varias armas y municiones, entre ellas un subfusil con su alimentadora, una pistola calibre 9 milímetros con su cargador y otra arma calibre .177.
También fueron incautadas 26 municiones calibre 9 milímetros y 48 municiones calibre 5.56. Una de las armas encontradas fue vinculada con el asesinato de los hermanos.
Fiscalía presentó más de una decena de testimonios
Durante la audiencia de juzgamiento, desarrollada en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón La Libertad, la Fiscalía expuso las pruebas con las que sustentó la responsabilidad de los procesados.
Entre los elementos presentados estuvieron los testimonios de 12 personas, incluidos investigadores de la Dinased, agentes que participaron en las aprehensiones y peritos forenses y especializados en audio y video.
El expediente también incluyó informes investigativos y de detención, autopsias, levantamientos de cadáveres y el reconocimiento del lugar donde ocurrieron los hechos.
A esto se sumaron la denuncia presentada por los familiares de las víctimas y los resultados de los análisis realizados a teléfonos celulares y cámaras de seguridad, elementos que contribuyeron a reconstruir la secuencia del crimen.
¿Qué decidió el Tribunal sobre los tres procesados?
Luego de analizar las pruebas presentadas durante el juicio, el Tribunal de Garantías Penales declaró por unanimidad la responsabilidad de los tres acusados.
- Anthony R. P. fue sentenciado como autor directo.
- Ronny Ch. O. recibió la misma condena en calidad de autor directo.
- Carolina M. V. fue declarada coautora del delito.
Los tres deberán cumplir una pena de 40 años de prisión.
Además de la condena privativa de libertad, el Tribunal estableció para cada sentenciado una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados. Como parte de la reparación integral, también se ordenó el pago de USD 25.000 a los familiares de las víctimas.