El avance judicial en la causa conocida como Caso ‘La Reina’ sumó una nueva pausa este miércoles 9 de septiembre de 2026. Un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha resolvió diferir la audiencia en la que se debía tramitar el recurso de apelación a la prisión preventiva dictada en contra de David y Farid Dieb, ambos procesados por el presunto delito de lavado de activos.
La suspensión de la diligencia se da en medio de un escenario complejo dentro del proceso, donde recientemente salieron a la luz elementos clave sobre movimientos económicos y fuertes reparos jurídicos respecto a la validez de los tribunales asignados.
Giros bancarios y un antecedente de conciliación
Entre los elementos presentados en el expediente consta que se habrían realizado giros de dinero a favor de Navila y de su hermano David. Sobre este último, trascendió que el Alcalde presentó en su momento una denuncia por el presunto delito de estafa, proceso que posteriormente quedó resuelto mediante un acuerdo de conciliación entre las partes.
Sin embargo, más allá de los movimientos financieros, la atención de los sujetos procesales se mantiene centrada en la validez del trámite tras las últimas reformas al sistema judicial
La supresión de dependencias especializadas enciende las alarmas
Tanto la representación de la Fiscalía General del Estado como los abogados defensores de los procesados expusieron sus objeciones respecto a la reciente resolución del Consejo de la Judicatura. Dicha medida dispuso la supresión de las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, redistribuyendo los procesos hacia los jueces de la Unidad Judicial de Iñaquito y la Corte Provincial de Pichincha.
El fiscal del caso, de apellido Jaramillo, solicitó que se verifique minuciosamente este cambio normativo antes de avanzar, expresando su preocupación de que en el futuro las defensas puedan alegar una nulidad procesal si el tribunal asignado carece de la competencia adecuada.
“Quisiera que se analice este particular toda vez que he revisado las transitorias y no existe una disposición clara respecto a qué debe ocurrir con las causas que se encuentran en trámite, sino únicamente con aquellas audiencias que ya se encontraban instaladas”, advirtió el representante de la Fiscalía durante su intervención.
Por su parte, el abogado Arboleda, defensor de Farid Dieb, coincidió con el planteamiento del Ministerio Público sobre la necesidad de que el tribunal valore la competencia del despacho. Sin embargo, enfatizó que la revisión de la causa exige la mayor celeridad posible por parte del sistema de justicia debido a la urgencia que demanda el proceso.