La aprobación de la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por parte de la Asamblea Nacional este jueves 3 de septiembre de 2026 marca un giro decisivo en la movilidad urbana del Ecuador.
En un contexto alarmante donde las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) registran 12.933 siniestros de tránsito a escala nacional en lo que va del año, la nueva normativa formaliza el control sobre los vehículos de micromovilidad y crea el Registro Nacional de repartidores, ordenando un sector de entrega a domicilio (delivery) que hasta ahora operaba en una zona de penumbra regulatoria.
Con esta decisión, el Parlamento busca articular una convivencia vial más segura entre peatones, ciclistas y conductores tradicionales, reconociendo oficialmente a las bicicletas, scooters y motocicletas eléctricas dentro del marco normativo nacional.
Cierre de brechas: delivery bajo registro oficial y responsabilidad de plataformas
Uno de los ejes centrales de la reforma apunta directamente al servicio de delivery. La normativa autoriza la creación del Registro Nacional de repartidores, una base de datos que busca transparentar quiénes prestan este servicio en las calles del país. Además, se fijan estándares de seguridad obligatorios y se asignan responsabilidades formales a las plataformas digitales de comercio y distribución.
Para expertos en planificación urbana y movilidad, como el consultor vial Jorge Alarcón, el padrón marca un hito administrativo necesario: “El crecimiento acelerado de las aplicaciones de entrega tomó por sorpresa a la infraestructura ciudadana. Contar con un Registro Nacional no solo formaliza el trabajo del repartidor, sino que compromete legalmente a las plataformas tecnológicas a garantizar que sus colaboradores cumplan con normas básicas de conducción y porten equipamiento homologado”.
En esa misma línea, analistas en seguridad ciudadana enfatizan que la efectividad de esta nómina dependerá de su transparencia. Expertos del sector sostienen que sería altamente conveniente para la ciudadanía disponer de un acceso público y verificado a este registro, de modo que urbanizaciones, conjuntos residenciales y usuarios particulares puedan validar la identidad y el historial de trazabilidad de los repartidores que ingresan a sus domicilios, añadiendo una capa indispensable de seguridad preventiva.
Frenos al limbo comercial de scooters y motos eléctricas
En cuanto a los vehículos de micromovilidad, la reforma establece que las motocicletas eléctricas deberán sujetarse al régimen general aplicable a las motos convencionales en materia de tránsito, seguridad vial y control operativo. Esto implica que deberán contar con su respectivo título habilitante, según los parámetros que defina la ANT.
Sobre este punto, la especialista en movilidad sostenible Patricia Mendoza advierte sobre el vacío que existía en la comercialización: “Hasta hoy existía un peligroso vacío legal. Vehículos que alcanzan velocidades de 40 o 50 km/h se comercializaban e importaban bajo la figura de ‘juguetes’ o artículos recreativos. La categorización técnica obligará a que estos usuarios respeten los mismos principios de seguridad, licencias y protección que cualquier otro automotor en la vía pública”.
Una vez que el Ejecutivo apruebe o vete la ley y esta sea publicada en el Registro Oficial, la ANT dispondrá de un plazo de 360 días para regular formalmente la micromovilidad a través de cuatro tareas prioritarias:
- Clasificación técnica: Determinar las categorías de las motocicletas eléctricas y los vehículos de movilidad personal.
- Parámetros operativos: Definir los límites técnicos de velocidad, potencia, dimensiones y estándares de seguridad.
- Normativa técnica: Expedir o actualizar el reglamento nacional correspondiente.
- Lineamientos para municipios: Emitir las directrices que deberán observar los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para regular y controlar la circulación en sus jurisdicciones.
El anuncio de la reforma ha despertado reacciones diversas. Mientras la ciudadanía y los conductores de vehículos particulares aprueban el empadronamiento de los deliveries e insisten en la visibilidad pública de dichos datos, usuarios de scooters piden que la regulación técnica que elaboren los municipios no desincentive el uso de un medio de transporte limpio y económico.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han expresado observaciones puntuales. La Coalición para la Movilidad Segura en Ecuador lamentó que la Asamblea no haya eliminado los “rangos moderados” de velocidad —márgenes de tolerancia en los sistemas de control—, por lo que instó al Ejecutivo a corregir este detalle en el reglamento posterior para reducir de forma drástica la siniestralidad en carreteras e intersecciones urbanas.
- ¿Qué establece la reforma a la Ley de Tránsito sobre los repartidores de delivery en Ecuador? Se autoriza la creación del Registro Nacional de repartidores, se fijan estándares de seguridad obligatorios y se establecen responsabilidades legales para las plataformas digitales.
- ¿Cómo se controlarán las motos eléctricas y scooters según la nueva normativa? Las motocicletas eléctricas se someten al régimen general de las motos convencionales con su respectivo título habilitante, mientras que la ANT tiene un plazo de 360 días para definir la clasificación técnica y parámetros de los vehículos de micromovilidad.