Fueron solo 14 segundos de video, pero bastaron para volver tendencia en redes sociales lo ocurrido al pie de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en la avenida de Las Aguas.
En las imágenes, una mujer con actitud errática desciende desde el techo de una furgoneta, cae sobre el parabrisas de un patrullero estacionado, destruye el cristal, se asienta sobre el capó y posteriormente intenta agredir a quienes transitan por el sector con un cono de tránsito.
Ante el revuelo ocasionado, la Policía Nacional (Distrito Modelo) aclaró que la ciudadana presenta una condición de salud mental y reside en la zona.
Asimismo, la institución confirmó que sus familiares se hicieron responsables de los daños materiales causados para evitar un proceso judicial por afectación a bienes públicos, además de comprometerse a ingresarla en un centro de atención especializada.
Sin embargo, surge la interrogante que muchos se hacen en redes: ¿a cuánto asciende la cuenta que deberá pagar la familia y cuáles son las repercusiones legales cuando un ciudadano daña un bien del Estado?
“Entre $270 y $500″: la voz de los expertos sobre la reparación
Para conocer el impacto económico real, dialogamos con técnicos y talleres de enderezada y pintura de la ciudad, quienes detallaron el presupuesto necesario para dejar operativa la unidad policial (habitualmente camionetas o autos tipo sedán adaptados para el patrullaje).
“En el caso del parabrisas, no se trata únicamente de cambiar el cristal”, explica Carlos Mendoza, técnico automotriz especializado en latonería. “Un parabrisas laminado homologado para este tipo de vehículos cuesta entre $120 y $250 en el mercado local. Pero si la unidad contaba con láminas de seguridad de alto impacto —comunes en patrulleros—, hay que sumar entre $50 y $80 adicionales por el laminado”, señala.
Respecto al impacto directo sobre la carrocería, Mendoza señala que la caída de una persona desde altura suele deformar los nervios del capó:
“El trabajo de latonería para desabollar, cuadrar las líneas del auto y aplicar pintura al horno con el código de color institucional de la Policía oscila entre los $100 y $180. A esto se debe sumar una revisión del soporte o cableado de las balizas superiores si recibieron algún golpe indirecto, lo que añade entre $40 y $90 más”.
En total, la voz experta coincide en que la familia deberá desembolsar una cifra de entre $270 y $520 dólares únicamente por la reparación del vehículo, monto al que se sumarán los gastos de atención médica especializada para la ciudadana.
¿Qué dice la ley? Las implicaciones penales del daño a bienes públicos
Afectar un vehículo o infraestructura del Estado no es un hecho menor dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Para comprender las consecuencias legales, consultamos al Abg. Javier Torres, especialista en Derecho Penal.
El jurista explica que este tipo de actuaciones se enmarcan en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), específicamente en su artículo 204, que sanciona el delito de daño a bien ajeno.
“El artículo 204 del COIP establece penas privativas de libertad de uno a tres años para quien destruya, inutilice o degrade bienes muebles o inmuebles. No obstante, cuando la afectación se produce sobre bienes de uso público o destinados a un servicio público —como lo es un patrullero o una UPC—, la norma contempla el tipo agravado, donde la pena puede ir de tres a cinco años de prisión”, precisa el Abg. Torres.
¿Por qué la familia pudo llegar a un acuerdo sin que la mujer vaya a prisión?
Frente a este caso en particular, el especialista aclara que existen dos factores determinantes: la salud mental y la reparación integral.
“En primer lugar, el artículo 35 del COIP aborda la inculpabilidad por inimputabilidad. Si una persona padece un trastorno mental comprobado al momento de cometer la infracción, no es penalmente responsable, sino que el juez dictamina medidas de seguridad, como el internamiento en un centro psiquiátrico”, señala el penalista.
“En segundo lugar, al tratarse de un daño material donde la familia se presentó de manera inmediata, reconoció la situación y asumió el compromiso formal de reparar el 100% de los daños económicos y garantizar el tratamiento de la ciudadana, la institución pública puede conciliar la reparación integral del daño sin necesidad de activar todo el aparato penal”, concluye Torres.