La audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Santiago David Ávalos Páez, director Administrativo Financiero de una Universidad en Quito, permitió conocer cómo la Fiscalía estructura su teoría del caso y el papel que habría desempeñado cada uno de los cinco procesados.
Durante la diligencia, la fiscal del caso formuló cargos por el delito de asesinato y asignó diferentes grados de participación penal a los investigados, conforme a los elementos de convicción recabados durante la investigación.
El presunto autor mediato
Para la Fiscalía, Galo O., quien se desempeñaba como director de Operaciones de la UDLA, habría sido el autor mediato del crimen.
Esta figura jurídica implica que una persona habría organizado o dirigido la comisión del delito sin ejecutar materialmente el asesinato.
Según la investigación, Galo O. mantenía diferencias con Santiago Ávalos debido a auditorías internas que este realizaba sobre procesos administrativos y órdenes de compra dentro de la Dirección de Operaciones. Además, Fiscalía sostiene que habría solicitado a otros funcionarios realizar seguimientos y tomar fotografías de la víctima y de su vehículo en los días previos al crimen.

Las presuntas coautoras
La Fiscalía también procesó como presuntas coautoras a María S. y Josselyn V.
En el caso de María S., la teoría fiscal señala que el día del asesinato habría tomado fotografías del director financiero mientras este se desplazaba dentro de la universidad y que dichas imágenes fueron enviadas desde su teléfono celular.
Respecto de Josselyn V., la investigación sostiene que habría acompañado al adolescente señalado como autor material del crimen hasta las inmediaciones de la universidad. Fiscalía expuso que el vehículo utilizado fue solicitado mediante una plataforma de aplicación y que esa información fue corroborada durante la investigación.
Los dos presuntos cómplices
Los otros dos procesados, Juan G. y Juan G., fueron vinculados como presuntos cómplices.
De acuerdo con la exposición fiscal, ambos habrían colaborado en labores de vigilancia previas al asesinato.
Durante la audiencia se indicó que Juan G. manifestó haber tomado fotografías del vehículo de la víctima por pedido de Galo O. y María S., mientras que Juan G. habría reconocido que en varias ocasiones recibió instrucciones para fotografiar al funcionario y reportar si su vehículo permanecía estacionado en la universidad.
Fiscalía sostiene además que ambos conocían el ambiente de tensión generado por las auditorías que realizaba Santiago Ávalos dentro de la institución.

El presunto sicario
Aunque no forma parte de esta causa penal, la Fiscalía identificó durante la audiencia al presunto autor material del asesinato a un adolescente de 17 años.
Según la teoría del caso, fue quien disparó contra el director financiero el 11 de junio de 2026, luego de un seguimiento realizado desde el interior y los exteriores de la universidad.
La decisión judicial
Tras la formulación de cargos, el juez de la causa dispuso prisión preventiva para Galo O., María S. y Josselyn V.
En el caso de Juan G. y Juan G., ordenó prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante la Fiscalía y su inmediata libertad, al no existir otra orden de detención vigente. Asimismo, abrió una instrucción fiscal de 90 días para profundizar la investigación.
