La prisión preventiva dictada contra tres de los cinco procesados por el asesinato de Santiago Ávalos, gerente administrativo financiero de universidad privada, se fundamentó, entre otros aspectos, en el presunto riesgo de que parte de las evidencias pudiera ser alterada durante la investigación.
Así lo expuso la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos.
El Ministerio Público sostuvo que dos de los investigados mantenían vínculos con la institución educativa y, debido a las funciones que desempeñaban, aún podrían tener acceso a información o elementos considerados relevantes para el proceso penal.
¿Quiénes fueron procesados?
La Fiscalía formuló cargos contra cinco personas por su presunta participación en el crimen ocurrido el pasado 11 de junio de 2026, en la avenida Oswaldo Guayasamín, en Quito.
Los procesados son:
- Galo O., investigado como presunto autor mediato.
- María del Carmen S. y Josselyn V., procesadas como presuntas coautoras.
- Juan Pablo G.y Juan Carlos G. vinculados al caso como presuntos cómplices.
En una causa independiente también es investigado un adolescente de 17 años, a quien la Fiscalía señala como el presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida del funcionario universitario.
Fiscalía alertó sobre un posible riesgo para la evidencia
Durante la diligencia judicial, la fiscal del caso explicó que Galo O., exdirector de Operaciones, y María del Carmen S., funcionaria de esa misma área, todavía tenían acceso al entorno donde, según la investigación, se habrían desarrollado parte de los hechos previos al asesinato.
Para el Ministerio Público, esa situación representaba un riesgo de que documentación, archivos digitales, equipos informáticos u otros elementos relevantes pudieran ser modificados o desaparecer, afectando el desarrollo de la investigación.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía ejecutó allanamientos en dependencias de la universidad y otros inmuebles, donde fueron incautados computadoras, teléfonos celulares, discos duros y memorias de almacenamiento, equipos que serán sometidos a pericias técnicas.
La institución considera que la Dirección de Operaciones constituye un eje importante dentro del caso, ya que, según su hipótesis, desde esa dependencia se habrían coordinado acciones de seguimiento a la víctima, entre ellas la toma de fotografías de su vehículo y el monitoreo de sus movimientos antes del ataque.
Las defensas rechazaron la teoría del Ministerio Público
Durante la audiencia, la defensa de Galo O. cuestionó los argumentos de la Fiscalía y aseguró que no existe evidencia que demuestre un riesgo real de manipulación de pruebas.
El abogado sostuvo que el Ministerio Público no ha presentado registros de pagos, mensajes, llamadas telefónicas o cualquier otro elemento que vincule directamente a su defendido con el adolescente investigado como presunto autor material del crimen.
Asimismo, señaló que el arma utilizada en el asesinato aún no ha sido localizada y argumentó que las comunicaciones telefónicas mencionadas por la Fiscalía corresponderían a contactos habituales entre compañeros de trabajo.
Por su parte, la defensa de María del Carmen S. manifestó que la acusación se basa en interpretaciones sobre la supuesta toma de fotografías y sostuvo que esos hechos, por sí solos, no demuestran una participación en el delito investigado.
El juez ordenó prisión preventiva para tres procesados
Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de las defensas, el juez resolvió dictar prisión preventiva para Galo O., María del Carmen S. y Josselyn V. al considerar procedente la medida cautelar mientras avanza la investigación.
En cambio, Juan Pablo G. y Juan Carlos G. enfrentarán el proceso en libertad.
Ambos deberán presentarse ante la Fiscalía los lunes, miércoles y viernes y tienen prohibición de salir del país durante los 90 días de instrucción fiscal.
El proceso continuará con la recopilación de nuevos elementos de convicción, mientras las partes preparan sus pruebas para las siguientes etapas judiciales.