Una mujer fue sentenciada a tres años y cuatro meses de prisión por su participación en un caso de estafa relacionado con la falsa gestión de una visa para viajar a Estados Unidos. La decisión fue emitida por un Tribunal de Morona Santiago, que además dispuso el pago de 16.000 dólares, más intereses legales, como reparación integral a la víctima.
Según informó la Fiscalía General del Estado, los hechos se remontan a agosto de 2021, cuando un ciudadano llegó a una finca ubicada en la parroquia Indanza, en el cantón Limón Indanza, y ofreció tramitar una visa estadounidense, además del pasaporte y los boletos aéreos.
Convencida de que el trámite era legítimo, la víctima aceptó cancelar 13.500 dólares, monto que posteriormente ascendió a 16.500 dólares mediante cuatro transferencias bancarias efectuadas entre agosto y octubre de ese año.
El dinero fue depositado en la cuenta de la ahora sentenciada
De acuerdo con la investigación, los depósitos fueron realizados a la cuenta bancaria de Feliciana Florentina G., quien era empleada del principal implicado en el caso.
Tras recibir el dinero y la documentación personal del afectado para iniciar el supuesto proceso migratorio, el oferente dejó de responder llamadas y mensajes, por lo que la víctima presentó la denuncia al comprobar que había sido engañada.
Las pruebas presentadas en el juicio
Durante el juicio, la Fiscalía sustentó la responsabilidad de la procesada con los testimonios de la víctima, sus familiares y los agentes investigadores.
Entre las principales evidencias constaron una pericia de triangulación de llamadas telefónicas, que confirmó las comunicaciones entre la víctima, el principal implicado y la ahora sentenciada, además de los comprobantes de las transferencias bancarias y la copia del formulario de solicitud de visa de no migrante.
¿Por qué la pena fue inferior a la prevista para estafa?
El delito de estafa está sancionado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con penas de entre cinco y siete años de prisión.
No obstante, el Tribunal aplicó el artículo 35.1 del COIP, referente al error de prohibición vencible, al considerar que la sentenciada permitió el uso de su cuenta bancaria para recibir los depósitos sin verificar el origen del dinero ni la legalidad de la operación.
Con base en esta figura jurídica, los jueces impusieron la pena mínima reducida en un tercio, fijando la condena en tres años y cuatro meses de privación de libertad.