Desde que la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza hay dudas sobre desde cuándo se podrá aplicar. Más aún la duda surge en medio de la jornada de movilizaciones que arrancó la madrugada de este lunes por parte de diferentes de grupos sociales en demanda de mejores condiciones económicas y más seguridad.
Desde cuándo se aplicará
El martes pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 104 votos afirmativos, aprobó el proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, con carácter excepcional, por parte del Estado.
El instrumento legal se ha conferido a los servidores de la Policía, Fuerzas Armadas y de seguridad penitenciaria, con el propósito de proteger los derechos, libertades y garantías constitucionales, así como precautelar el derecho a la seguridad integral de los habitantes.
El proyecto ya fue remitido a la Presidencia de la República por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza. El funcionario suscribió el oficio dirigido al primer Mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, y el auténtico del texto proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
Una vez que los documentos que fueron remitidos a la sede del Ejecutivo hay que esperar la respectiva sanción u objeción de forma fundamentada. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a su recepción por parte del Presidente se promulgará la ley, y se publicará en el Registro Oficial.
Significa que las movilizaciones no pondrán a prueba el proyecto de Ley, ya que aún no se tiene la respuesta del Ejecutivo.
Si el Presidente objeta totalmente
“Si el Presidente objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, el Legislativo podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su publicación”, indica la Constitución.
Si la objeción fuera parcial, el Presidente presentará un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto; igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas.
La Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de su entrega y podrá, en un solo debate, allanarse a ella y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. También podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.
En ambos casos, la Asamblea enviará la ley al Registro Oficial para su publicación.
Si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a ésta y el Presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial.
Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad.
Si es que la objeción se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, requerirá dictamen de la Corte Constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de treinta días.
En caso que el dictamen confirmara la inconstitucionalidad total del proyecto, éste será archivado, y si esta fuera parcial, la Asamblea Nacional realizará las enmiendas necesarias para que el proyecto pase a la sanción del Presidente.
Si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y ordenará su publicación.
Sobre el proyecto de Ley
La propuesta legal norma el uso legítimo y excepcional de la fuerza como potestad del Estado ejercida a través de servidores policiales, de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, como entidades de protección y garantía de derechos; determina sus derechos y obligaciones; establece el deber de prevención y protección en relación con el uso legítimo de la fuerza en situaciones en las que estén o puedan estar involucrados niños, niñas, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria.
De igual manera, regula contextos y circunstancias específicas en que los servidores regulados por la ley pueden hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza; norma los procedimientos y requisitos de los informes que se debe elevar en estos casos; establece el marco de regulación para la capacitación, entrenamiento y evaluación de los servidores sujetos a esta ley.
La propuesta garantiza el derecho a la resistencia y a la protesta, prohíbe el uso de armas letales en este tipo de operativos, precisamente para salvaguardar la integridad de las personas.
La propuesta legal señala que se norma el uso legítimo y excepcional de la fuerza como potestad del Estado ejercida a través de policías, militares y agentes de seguridad penitenciaria, y determina sus derechos y obligaciones.
También regula contextos y circunstancias específicas en las que los agentes puedan hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza, norma los procedimientos y establece el marco de regulación para la capacitación, entrenamiento y evaluación de los servidores sujetos a esta ley, añadió la fuente.