El caso de Carla, registrado en una clínica estética del norte de Quito, volvió a generar preguntas sobre qué pueden hacer los pacientes o familiares cuando consideran que una atención médica pudo haber provocado lesiones graves o incluso la muerte de una persona.
En Ecuador existen diferentes vías que pueden activarse dependiendo de las características del caso: penal, civil, administrativa y, cuando se trata de instituciones públicas, contencioso-administrativa.
¿Cuál es el primer paso ante una presunta mala práctica médica?
El abogado penalista Francisco Vega, explica que la vía penal suele ser una de las principales alternativas cuando se busca determinar si existió responsabilidad directa de un profesional de la salud.
El procedimiento comienza con una denuncia ante la Fiscalía, que puede presentarse de manera oral o escrita.
Aunque no es obligatorio acudir con un abogado para denunciar, el jurista recomienda contar con asesoría legal desde el inicio para realizar un seguimiento adecuado del proceso.
En entrevista, Vega señaló:
“Lo primero que tiene que hacer una persona cuando tiene un tema de mala práctica médica es acercarse a la Fiscalía para practicarse el examen médico legal, que es lo trascendental en esta clase de delitos”.
El especialista considera que actuar oportunamente es importante debido a que la valoración de las lesiones y el tiempo de incapacidad pueden ser elementos relevantes dentro de una investigación.
¿Por qué es importante realizarse el examen médico-legal?
Vega explicó que, cuando se trata de lesiones, el tiempo transcurrido puede modificar la valoración médica.
“Entonces, por ejemplo, tú eres víctima de una mala práctica médica el día de hoy y siendo víctima de mala práctica médica el día de hoy, tú tienes una incapacidad de 30 días, por ejemplo, y pasan los días y tú decides esperar como recuperarte a los 15 días, 20 días e ir a presentar la denuncia, entonces resulta ser que tu incapacidad ya no es de 30 días, sino es de 20 días”.
El abogado explicó que los días de incapacidad pueden tener incidencia en la clasificación jurídica de determinadas lesiones y, por tanto, en las consecuencias legales que podrían establecerse.
Por esta razón, ante una sospecha de mala práctica, el afectado debería acudir oportunamente a las autoridades y conservar todos los documentos médicos relacionados con el procedimiento.
La denuncia debe determinar si existió responsabilidad
Presentar una denuncia no significa que automáticamente un médico será declarado responsable.
El especialista explicó que durante la investigación se debe establecer qué ocurrió, qué profesionales participaron y cuál era el deber de cuidado que correspondía a cada uno.
“Después que se presente la denuncia pertinente para que se establezca en este caso la participación que tuvieron cada uno de los galenos y se determine quién de ellos tuvo el deber objetivo de cuidado frente al procedimiento que se va a tomar”.
Negligencia, imprudencia e impericia ¿cuál es la diferencia?
Vega explicó que, dentro del análisis de una posible mala práctica médica, pueden aparecer conceptos como negligencia, imprudencia e impericia.
¿Qué es la impericia?
Según el abogado, la impericia está relacionada con la falta de conocimientos, preparación o habilitación necesaria para realizar determinado procedimiento.
“Empezando por el último, la impericia es que no tengas el título que acredita como tal el poder practicar dicho procedimiento”.
¿Qué es la imprudencia?
La imprudencia, según la explicación del jurista, ocurre cuando se ejecutan acciones que no estaban contempladas como necesarias dentro de la práctica médica y que pueden ocasionar una afectación.
¿Qué es la negligencia?
En cuanto a la negligencia, Vega explicó que se relaciona con no aplicar de manera adecuada las técnicas, protocolos o procedimientos correspondientes.
“Y la negligencia es no aplicar la técnica pertinente para poder desarrollar el procedimiento”.
También señaló como ejemplos el incumplimiento de protocolos, manuales o medidas de asepsia.
¿Qué delitos pueden investigarse?
Dependiendo de las circunstancias, los hechos pueden ser investigados dentro de figuras contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) relacionadas con lesiones o muerte ocasionadas por mala práctica profesional.
En casos en los que se produce un fallecimiento, el abogado penalista señala que el artículo 146 del COIP contempla sanciones para el homicidio culposo por mala práctica profesional.
Sin embargo, la calificación jurídica dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y de lo que determine la investigación fiscal y judicial.
¿Qué pueden hacer los familiares de una víctima?
Los familiares también pueden intervenir dentro del proceso, dependiendo de las condiciones y la etapa en la que se encuentre la investigación.
Vega explicó que, si la Fiscalía encuentra elementos suficientes y formula cargos, los familiares pueden presentar una acusación particular.
Esta figura les permite tener una participación activa dentro del proceso penal y actuar en etapas como la audiencia preparatoria de juicio y el juicio.
El abogado aclaró que no presentar una acusación particular no elimina automáticamente el derecho a una reparación integral, aunque sí limita el nivel de intervención directa de los familiares dentro del proceso.
¿Qué es la reparación integral?
La reparación integral busca compensar los daños derivados de un delito cuando así corresponda y es determinada dentro del proceso judicial.
“La reparación integral entra al momento de que se termina una sentencia”.
El abogado indicó que dentro de este concepto pueden analizarse elementos como el daño emergente y el lucro cesante.
En los casos de fallecimiento o lesiones graves, la reparación puede involucrar diferentes componentes que deben ser determinados conforme a las circunstancias concretas y las decisiones judiciales.
La vía civil permite reclamar una indemnización
La vía penal no es la única alternativa.
La abogada Stefany Cedeño explica que también existe la vía civil, mediante la cual una persona puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Esta acción puede incluir conceptos como:
- Daño material.
- Lucro cesante.
- Daño moral.
- Otros perjuicios que puedan ser acreditados dentro del proceso.
Una diferencia importante es que la responsabilidad civil no necesariamente se limita al médico que realizó el procedimiento.
Según Cedeño, dependiendo de las circunstancias, el establecimiento de salud que contrató al profesional también podría tener responsabilidad y responder solidariamente por determinados daños.
¿Existe una vía administrativa?
Sí. De acuerdo con la información proporcionada por los abogados, los afectados también pueden recurrir a mecanismos administrativos cuando consideran que existieron incumplimientos relacionados con el ejercicio profesional o el funcionamiento de un establecimiento.
Vega señala que pueden presentarse denuncias ante las autoridades competentes, dependiendo de la naturaleza del hecho.
Estos procedimientos podrían derivar en sanciones administrativas o disciplinarias, de acuerdo con la normativa aplicable y las competencias de cada institución.
Entre las consecuencias que podrían establecerse, dependiendo del caso y del procedimiento correspondiente, están suspensiones u otras medidas relacionadas con la habilitación profesional.
¿Qué ocurre si la presunta mala práctica ocurrió en un hospital público?
Cuando el hecho ocurre en una institución pública, como un hospital estatal o el IESS, existe además la posibilidad de analizar la responsabilidad del Estado por una eventual deficiencia en la prestación del servicio.
En estos casos, los familiares pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, según corresponda, para reclamar por posibles daños derivados de la actuación de una entidad pública.
Esta vía es diferente de la investigación penal contra un profesional y busca determinar si existió responsabilidad de la administración pública por la prestación del servicio.
¿Qué documentos debería guardar una persona afectada?
Ante una posible mala práctica médica, los especialistas recomiendan conservar toda la documentación relacionada con el procedimiento.
Entre los elementos que pueden ser relevantes están:
- Historia clínica.
- Resultados de exámenes.
- Informes médicos.
- Recetas y prescripciones.
- Fotografías de la evolución de una lesión.
- Facturas y comprobantes de gastos médicos.
- Consentimientos informados.
- Documentos entregados por la clínica u hospital.
- Nombres de los profesionales que participaron en el procedimiento.
- Comunicaciones relacionadas con la atención médica.
Estos documentos pueden servir como elementos de respaldo, aunque su valor probatorio dependerá de la investigación y de la valoración que realicen las autoridades y peritos.
Las cuatro vías que pueden analizar los afectados
Ante una presunta mala práctica médica, los afectados pueden evaluar diferentes alternativas legales:
1. Vía penal: busca determinar si existió un delito y establecer responsabilidades y sanciones cuando corresponda.
2. Vía civil: permite reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios.
3. Vía administrativa: permite investigar posibles incumplimientos relacionados con el ejercicio profesional o el funcionamiento de establecimientos de salud.
4. Vía contencioso-administrativa: puede analizarse cuando se busca establecer responsabilidad del Estado por hechos ocurridos en instituciones públicas.
Estas vías no necesariamente son excluyentes, pero su aplicación dependerá de las características particulares de cada caso y de la estrategia jurídica adoptada.
El caso de Carla vuelve a poner el tema sobre la mesa
El caso de Carla, ocurrido en una clínica estética del norte de Quito, ha generado cuestionamientos sobre los controles, la responsabilidad de los profesionales y las herramientas legales disponibles para las familias.
Sin embargo, corresponde a las autoridades competentes determinar qué ocurrió, si existió una infracción al deber objetivo de cuidado y quiénes podrían tener responsabilidad.
La discusión también deja una recomendación para quienes atraviesan una situación similar: actuar oportunamente, solicitar la valoración médico-legal cuando corresponda, presentar la denuncia ante las autoridades competentes y conservar toda la documentación relacionada con la atención.