Los propietarios de viviendas ya no podrían fijar libremente el valor de la garantía en los contratos de arrendamiento si prospera la reforma a la Ley de Inquilinato que actualmente analiza la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.
La iniciativa busca evitar que los arrendadores exijan depósitos considerados excesivos y facilitar que los inquilinos recuperen ese dinero mediante un procedimiento judicial más ágil cuando concluya el contrato.
El proyecto ya superó el primer debate en abril de 2026, aunque todavía no existe una fecha definida para su segundo debate en el Pleno.
¿Qué cambiaría con la garantía de arriendo?
Actualmente, la Ley de Inquilinato no obliga a que exista una garantía al firmar un contrato de arrendamiento.
Sin embargo, en Ecuador es habitual que propietarios e inquilinos acuerden el pago de uno o dos meses de arriendo como depósito de garantía.
Con la reforma, el monto dejaría de depender únicamente del acuerdo entre las partes.
La propuesta plantea modificar el artículo 7 de la ley para que el valor de la garantía responda a criterios técnicos, relacionados con el costo de las posibles reparaciones derivadas del uso normal del inmueble.
De esta forma, se busca evitar que algunos propietarios soliciten montos elevados que luego resultan difíciles de recuperar para los arrendatarios.
Buscan agilizar la devolución del dinero
Otro de los cambios contempla que las controversias relacionadas con la devolución de la garantía sean tramitadas mediante el procedimiento sumario previsto en el Código Orgánico General de Procesos (Cogep).
La intención es reducir los tiempos de resolución y facilitar que los inquilinos recuperen los valores entregados cuando no existan daños comprobados en la vivienda.
En la actualidad, el propietario debe devolver la garantía al finalizar el contrato, salvo que existan perjuicios atribuibles al arrendatario.
En esos casos, los descuentos deberán estar debidamente justificados con el costo real de las reparaciones y respaldados con las respectivas facturas.
Una ley que busca actualizarse
La propuesta fue presentada por el asambleísta Keevin Gallardo y posteriormente incorporada al proyecto de reforma de la Ley de Inquilinato.
Además, la Comisión de Justicia decidió unificar esta iniciativa con otros cuatro proyectos relacionados para elaborar un solo informe que será debatido por el Pleno.
Durante el análisis legislativo, el experto en derecho civil Juan Carlos Darquea respaldó la necesidad de modernizar una normativa vigente desde 1962.
A su criterio, la reforma permitirá equilibrar los derechos de propietarios e inquilinos y responder a la realidad actual del mercado de arriendos en Ecuador, donde todavía persisten altos niveles de informalidad y contratos con cláusulas que no siempre se ajustan a la legislación.